Pasaron 15 años del crimen del reportero gráfico José Luis Cabezas. Desde la APSF renovamos el reclamo para que sus asesinos cumplan sus condenas efectivamente. Esta fecha nos encuentra en un momento histórico donde es posible pensar en políticas de comunicación que contemplen todas las voces y expresiones de la comunidad. Sin embargo todavía persisten amenazas que no podemos desestimar.
Cabezas fue brutalmente asesinado por informar y mostrar a la sociedad el rostro de uno de los personajes que sintetizaba el vínculo mafioso entre políticos, policías y empresarios. Por eso hemos dicho en varias ocasiones que se trató de un asesinato político que tenía un significado especial: el poder no debe ser mostrado. Por entonces, la imagen de Alfredo Yabrán era desconocida para la mayoría de los argentinos. Pero una foto de José Luis Cabezas hizo tapa de la revista Noticias a uno de los íconos de la nefasta etapa del menemismo.
Recordar en este tiempo a Cabezas significa reivindicar la vida, defender la libertad de expresión y el derecho a estar informado. Pero también es un fuerte repudio hacia accionar de un sistema judicial que permitió la libertad de sus asesinos derivó y consagró la impunidad de otros crímenes que conmovieron a la sociedad argentina. Sucedió con la desaparición de Julio López, con el asesinato de la dirigente de las meretrices Sandra Cabrera, con las víctimas de diciembre de 2001, la inundación de 2003, el asesinato de Silvia Suppo y de tantas otras muertes que siguen impunes y lastiman la memoria.
Desde la Asociación de Prensa de Santa Fe sostenemos que el mejor homenaje que puede recibir el fotógrafo asesinado es la defensa permanente de la libertad de expresión y el derecho del pueblo a estar informado.
Transitamos un momento histórico donde es posible pensar en políticas de comunicación que contemplen todas las voces y expresiones de la comunidad. Pero a pesar del compromiso y el esfuerzo de miles de trabajadores de prensa, la precarización laboral en un gran número de empresas periodísticas y las prácticas abusivas de muchos dirigentes políticos y empresarios, ponen en riesgo el derecho de la sociedad santafesina a recibir información veraz, plural y de calidad.
