La APSF expresa su preocupación, rechazo y repudio por la causa penal que, por la figura de ‘incitación a la violencia´, inició CLARIN SA contra tres periodistas por las opiniones vertidas como parte del desarrollo de su labor.

La Asociación de Prensa de Santa Fe y su Comisión de Libertad de Expresión y Formación Profesional expresa su total solidaridad con Roberto Caballero, director del diario “Tiempo Argentino”, de Sandra Russo, columnista del programa 678 de Canal 7 y el relator de “Fútbol para todos”, Javier Vicente, denunciados penalmente por Clarín SA.

Es necesario recordar la trascendental conquista que para la verdadera libertad de expresión y opinión representó, en 2010, la derogación de las querellas por calumnias e injurias cuando está en juego la libertad de expresión y el interés público. Esta modificación se logró tras la decisión de la Corte Interamericana de Derechos Humanos al fallar en el caso del periodista Eduardo Kimel, quien había sido querellado por un juez de la dictadura, justamente por la opinión crítica vertida en un párrafo de su libro “La masacre de San Patricio”, donde cuestionaba la investigación del magistrado que seguía la causa por el asesinato de los monjes y seminaristas de la comunidad palotina en julio de 1976.

La actitud de Clarín es un verdadero ataque a la libertad de expresión que siempre invoca, puesto que pretende la condena penal de quienes manifiestan una mirada y opinión distinta a la que se sostiene en los medios que integran el monopolio.

Como ya no existe aquella figura penal que fue la del desacato, ni las querellas por calumnias e injurias, en relación a las informaciones y opiniones vertidas, Clarín recurrió a otra figura penal: la de incitación a la violencia para atacar a los periodistas, en una peligrosa actitud totalmente contraria a la pluralidad de voces y a la democracia informativa. Por otra parte, no se puede dejar de relacionar este ataque si no es en el marco de la adecuación que el grupo debe hacer en función de la Ley de Servicios de Comunicación Audiovisual.

El Grupo Clarín desconoce, además, los artículos 13° y 14° del Pacto de San José de Costa Rica que hablan de los derechos del informador y del informado con lo que a la vez desconoce la misma Constitución nacional.