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¿Cuál es el estado de la libertad de expresión en nuestro país? Para una organización se encuentra en el mismo nivel que en Brasil, para otra está mejor, como en Estados Unidos. Elogios y advertencias por las libertades en la web, los casos de juicios a buscadores y de dominios bloqueados. El impacto en el periodismo argentino del conflicto entre el Gobierno y el Grupo Clarín. - Fuente: Diario sobre Diarios - Zona Dura

Tres organizaciones internacionales, Freedom HouseReporteros Sin Fronteras (RSF) y el Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), emitieron en septiembre informes sobre el estado de la libertad de expresión, que incluyeron referencias hacia la Argentina.

Freedom House es una organización estadounidense caracterizada políticamente como conservadora, que monitorea el estado de diversos derechos, entre otros el de libertad de expresión. En su informe, presentado la semana pasada, focalizó la libertad de prensa en la web. En tanto, RSF es una ONG internacional con sede en París, Francia y todos los años difunde su monitor sobre libertad de expresión. El CPJ también tiene difusión global, pero tiene sede en Estados Unidos y su reporte tuvo como único eje a lo que ocurre en nuestro país.

Debido a la poca difusión que estos informes tuvieron en los matutinos porteños, DsD brinda a sus lectores algunos extractos, además de los vínculos a los textos completos de las tres instituciones. En el caso de Freedom Forum y RSF, también se incluyen los dos mapas que ambas ONGs construyeron a partir de los datos recogidos.

La libertad en la web

El informe de libertad en la web de Freedom House incluyó a seis países de América: Argentina, Brasil, Cuba, México, Venezuela y Estados Unidos.

Nuestro país está catalogado en la categoría “Libre”, la misma que la organización utilizó para Estados Unidos y Brasil. México y Venezuela obtuvieron la calificación de “parcialmente libre”. Cuba, por último, fue calificado como “no libre”.

Según la entidad, los usuarios de Internet argentinos “tienen acceso a una amplia gama de contenido en línea, incluyendo internacionales y locales, agencias de noticias, sitios web de los partidos políticos y las iniciativas de la sociedad civil. El gobierno no impone ningún tipo de filtrado automático o restricciones a la información política”. Y destaca que sitios de pornografía infantil fueron bloqueados.

Sin embargo, señaló que “en los últimos años, la controversia ha surgido en el bloqueo de contenido presuntamente difamatorio o derechos de autor protegidos, así como las acciones de cesación que invocan responsabilidad de los intermediarios” en referencia a los pedidos judiciales a buscadores para que cesen de ofrecer información denunciada ante la Justicia.

En reporte incluye una curiosidad, basada en datos erróneos. Advirtió que “a raíz de una decisión judicial, la CNC ordenó a los IPS locales restringir el acceso a dos URLs: www.leakymails.com y Leakymails.blogspot.com. Los sitios web, escisiones locales de los Wikileaks, habían publicado correos electrónicos de funcionarios públicos, políticos, periodistas y otras figuras públicas. Gran parte del contenido parecía ser personal e irrelevante para la política pública, en lugar de exponer la malversación o corrupción, lo que provocó las quejas que dieron lugar a la orden de la Justicia”.

Los sitios que menciona el informe se hicieron conocidos a mediados del año pasado y llegaron a tener difusión en algunos diarios. Pero no se trataba de “escisiones locales de Wikileaks”, sino que en el ambiente periodístico se los atribuyó a diversos sectores del espionaje local, que decidieron hacer pública correspondencia privada por una supuesta interna entre las facciones. Lo que ocurrió, que sí menciona correctamente el informe, fue que el bloqueo a esos sitios generó un bloqueo también a toda la plataforma Blogger, afectando a blogs que nada tenían que ver con los denunciados.

Otro caso cuestionado por la entidad fue “la acción judicial tomada contra Cuevana, un sitio web dedicado a la catalogación y enlaces a otros que permiten la transmisión libre de la películas y programas de televisión”. Recordó que “lanzado en 2009, Cuevana se convirtió rápidamente en uno de los más visitados sitios web en Argentina y el más grande de su tipo en América Latina. Desde finales de 2011, varios productores internacionales de contenido han presentado demandas contra el sitio (incluyendo HBO, Turner Argentina, Twentieth Century Fox y Disney Enterprises) basadas en la infracción de los derechos de propiedad intelectual”.

Luego recorrió algunos tramos de la causa y señaló que “en marzo de 2012, el fiscal abrió una causa penal contra el administrador del sitio por supuestamente beneficiarse de materiales con derechos de autor a través de donaciones al sitio” pero “el administrador negó los cargos”.

El informe destacó también que “varios particulares han demandado a los motores de búsqueda como Google y Yahoo, solicitando que algunos resultados sean retirados de las búsquedas”. Agregó que “entre los años 2006 y 2010, se presentaron ante la Justicia más de 130 casos, muchas veces por artistas prominentes. En varios casos, los buscadores han tenido que pagar indemnizaciones a los demandantes”.

Libertad de prensa según RSF

El informe anual de Reporteros Sin Fronteras llamado “Libertad de prensa en el mundo” afirma sobre América: “La ola de protestas mundial del año 2011 también atravesó el Nuevo Mundo. Ésta, hizo descender en la clasificación a Estados Unidos (47º lugar) y a Chile (80º), que perdieron 27 y 47 posiciones, respectivamente. En estos países los periodistas pagaron su cuota por la represión –o los disturbios– de los movimientos de protesta”.

A nuestro país le dedica apenas una línea, en la que señala que “Argentina mantiene un buen sitio (47º)” y asegura que “el año 2011 será recordado por los claros retrocesos de dos países: Brasil (que descendió 41 lugares y ahora ocupa el 99º) y Paraguay (bajó 26, ocupa el 80º). Esta vez, la inseguridad es la razón de tal evolución”.

En el mapa de libertad de prensa, RSF califica a la Argentina como “situación satisfactoria”, categoría que sólo comparte –en América Latina- con Uruguay. No así Brasil y Chile, que fueron ubicados en la categoría “problemas sensibles”.

El eje en la pelea Gobierno – Clarín

Por último, el informe del CPJ tiene un formato más cercano a la nota periodística y de hecho lleva la firma de su investigadora Sara Rafsky. Lleva como título “En la confrontación entre el gobierno argentino y la prensa, pierde el periodismo” y el eje del texto es la pulseada entre la Casa Rosada y el Grupo Clarín.

La nota cuestiona a ambas partes del conflicto. Así es como en un tramo asegura que “los críticos de Cristina Kirchner la acusan de coartar la libertad de prensa al recompensar a los medios simpatizantes y silenciar -mediante regulaciones y el reparto de la publicidad oficial- a los medios que se le oponen. Por otro lado, muchos creen que Clarín tiene demasiado poder y que utiliza su enorme red de medios para impulsar sus intereses comerciales particulares”.

También incluye la opinión de variadas fuentes, tanto periodísticas como de ONGs, con testimonios favorables al Gobierno nacional como al Grupo Clarín.

En un pasaje destaca la opinión de Horacio Verbitsky, quien afirma: “En mi opinión, Clarín y La Nación comenzaron esta pelea, y lo hicieron en defensa de sus propios intereses político-económicos”. Y en el siguiente párrafo la respuesta del “portavoz del Grupo Clarín”, Martín Etchevers: “¿No vamos a investigar la corrupción? ¿No vamos a decir que las estadísticas de inflación que el gobierno publica son falsas? Eso no es polarización ni oposición política. Eso es periodismo”.

Sobre el final y luego de recorrer otros. temas polémicos como la Ley de Medios y el caso Papel Prensa, el informe destaca: “Un factor importante en la óptica de los periodistas argentinos -factor que diferencia al país de otros de Latinoamérica donde la prensa es asediada por gobiernos con poca tolerancia a la crítica- es la independencia de su poder judicial. Como lo muestra la decisión en el caso de la Editorial Perfil, los jueces no tienen miedo de fallar en contra de la Casa Rosada. De todas maneras, el gobierno no ha mostrado ninguna intención de acatar ese fallo y, más allá de las multas, al parecer no hay repercusiones por su incumplimiento, de acuerdo con analistas de medios”.