Luego de casi treinta y siete años, los familiares de Marta Zamaro y Nilsa Urquía decidieron solicitar a la justicia la reapertura de la causa por la muerte de las abogadas. Una asamblea de afiliados dio el aval a la Comisión Directiva de la Asociación de Prensa de Santa Fe para constituirse como querellante. Se trata de la primera causa que investigará crímenes cometidos por la Triple A local. Un relato alrededor de las primeras investigaciones, el contexto santafesino y las razones de la espera.

Nuevo Diario fue una creación de Marcos Bobbio que se valió del trabajo de gráficos y periodistas que venían de la inédita experiencia de una huelga de más de 20 días en El Litoral en 1968. Ese plantel altamente sindicalizado fue el artífice de un matutino que renovó el lenguaje periodístico de la ciudad, anquilosado desde que desapareciera El Orden en 1955.

Y también fue el protagonista de numerosos conflictos con su patronal, el más grave de ellos – previo a su cierre el 24 de marzo de 1976– producido desde fines de julio de 1973 cuando Bobbio decidió implementar el sistema de off-set. La nueva técnica implicaba una reconversión del matutino y el despido de numerosos trabajadores gráficos. El diario cerró durante varios meses, en los cuales hubo protestas y tomas del edificio. Para la preparación de la nueva tecnología con que aparecería Nuevo Diario Color el 13 de diciembre, fue convocada María de los Ángeles “Pocha” Pagano, quien llevó a trabajar, entre otros, a Marta Adelina Zamaro.

Ambas habían sido militantes estudiantiles y luego del Partido Revolucionario de los Trabajadores (PRT). Marta Zamaro era abogada además y compartía departamento con Nilsa Urquía, una colega con quien actuaba en la Comisión de Defensa de Presos Políticos.

Sentenciadas y ejecutadas

 

En octubre de 1974 llegó a Nuevo Diario la “condena” dictada por el Comando Anticomunista del Litoral (CAL) a un significativo número de trabajadores y trabajadoras, tanto de redacción como de talleres. Esa nómina estaba compuesta, entre otros, por Alcira Ríos de Córdoba y su esposo Luis “Tatino” Córdoba, Marta Zamaro y “Pocha” Pagano. La lista tenía una particularidad que llamó la atención desde ese momento hasta hoy: la inclusión de una persona que no formaba parte del staff del diario, Nilsa Urquía.

La condena comenzó a hacerse efectiva en la madrugada del jueves 14 de noviembre. Marta Zamaro y Nilsa Urquía, 29 y 32 años respectivamente, fueron secuestradas de su domicilio de Diagonal Aguirre 2533. Nuevo Diario consigna que “según testigos presenciales”, “un grupo de desconocidos” las capturó y las introdujo en un automóvil que los aguardaba. Algunos días después publica: “se sabe que durante el hecho se sintieron gritos y pedidos de auxilio, sin que los asesinos dejaran por eso de cumplir su objetivo y llevar a ambas por la fuerza”. Se estimaba por entonces que el operativo se había realizado por “personas extrañas a nuestra provincia”.

A las 7 de la mañana de ese día, Julián Mattiozzi, propietario del departamento que alquilaban las abogadas y habitante de la planta baja, comunicó telefónicamente a la policía que la puerta de calle había sido violentada y que había papeles tirados en el piso. La inspección ocular del agente encontró desorden, un zapato de mujer y roturas en el camino hacia el departamento; llamó insistentemente a las inquilinas, pero nadie atendió. Luego, realizó averiguaciones en las inmediaciones en busca de testigos presenciales, pero no los encontró. La Seccional Séptima dio inicio a una investigación por “daño” a la puerta del domicilio.

Examinada aquella documentación encontrada en el camino hacia el departamento de las abogadas y, según dice el expediente, “presumiéndose podría estar relacionada a comunicaciones entre jefes extremistas”,  se dio aviso de la novedad al Servicio de Informaciones de la Unidad Regional I y al Jefe de la Agrupación de Unidades Especiales. Personal de esta dependencia ingresó al departamento de las abogadas, con una orden del juez federal Elbio Cano. Se secuestraron cartas “de distintos tenores”, un grabador, varios cassetes, un ejemplar de Sindical Mundial, recortes de Nuevo Diario sobre hechos de violencia, pena de muerte y economía, ejemplares de Nuevo Hombre, Peronista, Frente, Cuaderno de Información Popular y un libro sobre la Revolución Cubana de Silvio Frondizi.

A las 14.15 horas del sábado 16 de noviembre, Daniel Castro viajaba hacia Esperanza, y al pasar frente a los puentes del Arroyo Cululú vio a una persona, presuntamente ahogada. Comunicó la novedad a la Comisaría Primera de Esperanza desde donde se envió a personal policial y del cuerpo de Bomberos. Pasadas las 16 horas retiraron dos cuerpos del arroyo.

Se trataba de dos mujeres. La primera, delgada, cabellos negros, largos y lacios, vestía una remera naranja y blanca, un pantalón rojo y zapatillas azules. Tenía el rostro totalmente cubierto, salvo los orificios nasales, con tela y adhesivos, y las manos atadas por delante. La segunda, de estatura mediana, cabellos lacios y entrecanos, vestía un salto de cama y debajo una enagua; estaba descalza.  Tenía también la cara cubierta de tela adhesiva, los brazos extendidos hacia arriba de la cabeza y atadas las manos. En la zona se encontraron marcas de neumáticos, de ingreso y de salida del lugar, que fueron dibujadas a mano en el sumario policial.

El 17 de noviembre llegaron a Esperanza los resultados de la identificación mediante huellas dactilares de ambos cadáveres. Se trataba de Marta Zamaro y de Nilsa Urquía. El mismo día Graciela Zamaro y Miguel Urquía reconocieron los cuerpos de sus hermanas.

Las autopsias determinaron que la causa de ambas muertes había sido asfixia por inmersión. Firmadas por los doctores Jorge Alberto Allin y Milcíades César Echagüe, describen que el cuerpo de Zamaro presentaba tres heridas punzo cortantes y contusiones múltiples “producidas por un elemento romo y rígido” en la cara anterior de las piernas y en la cara interna de ambos muslos; también escoriaciones en ambos codos, brazos y antebrazos, así como en las regiones torácica anterior, posterior, región frontal y nasal. Los genitales externos, dicen los médicos, no presentaban signos de violencia. En el cuerpo de Urquía, no se observaban signos de violencia ni lesiones. Habían muerto entre 24 y 36 horas antes del hallazgo de sus cuerpos.

Reacciones

 

Los diarios no se publicaron en Santa Fe el 17 de noviembre. Llegaba a nuestro país el cadáver de Eva Perón y la CGT había decretado un paro por ese motivo. Nuevo Diario tampoco se editó al día siguiente, aunque publicó una edición especial dadas las circunstancias.

El Litoral señala en su tapa los crímenes, incluyendo las fotos de las víctimas y las escasas versiones que sobre éstos se estaban tejiendo. Nuevo Diario, además, da a conocer una semblanza de su delegada Marta Zamaro, las palabras que un obrero gráfico pronunció en su sepelio, los repudios de distintas organizaciones y un texto conmovedor que, sin firma, refleja el estupor que entre los trabajadores había causado la noticia. (Ver “Con la violencia a flor de piel”, texto completo/click para ampliar).

No fue ésta la única reacción que se produjo en el matutino. El ex trabajador de prensa y escritor Carlos María Gómez recreó en su novela “Los chacales del arroyo” una situación que habría sucedido en esos días: “En ese momento, junto a un hombre que no es del Diario, (Mirta/Marta) manifiesta abiertamente su alegría ante la noticia del asesinato de José Rucci (…). Recuerda muy bien el incidente que se produjo de inmediato, cuando un periodista de apellido Carlés le recriminó agriamente su actitud, asegurando que lo iba a pagar muy caro… Tiempo después, cuando Mirta apareció asesinada, se mostró sumamente compungido. Pero era público y notorio que pertenecía a sectores de la ultraderecha y que, en lo personal, detestaba toda expresión, ya fuera política o inclusive artística, que tuviese que ver con ideas progresistas, o que simplemente se saliesen del común denominador de sus propios e inmutables valores. De manera que nadie le creyó”.

La otra reacción fue del CAL, que había cumplido la sentencia, pero iba por más. A las 2.15 de la madrugada del 21 de noviembre, cuatro personas que viajaban en una camioneta Citroen efectuaron dos disparos de arma de fuego contra el local de Nuevo Diario. El sereno del edificio dijo que minutos antes había recibido un llamado anónimo en el que se hacía saber que se atentaría contra el matutino, mencionando al Comando Anticomunista del Litoral.

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El expediente

¿Qué investigaron la policía y la justicia en 1974? Investigaron cuál era el estado de ánimo de las víctimas, quién las visitaba, a qué horarios, por qué Urquía iba a viajar a México, con quiénes hablaban por teléfono, quién limpiaba el departamento, si habían escuchado ruidos extraños la noche del secuestro. Este tenor de preguntas se realizaron a los hermanos, vecinos y empleados de la agencia de viajes con la que operaba Urquía. Nadie había escuchado nada, pese a las informaciones publicadas en los diarios.

Se enviaron oficios también a los lugares de trabajo de ambas, solicitando que revelen el último día en que asistieron a trabajar, hora en que se retiraron y nómina de sus compañeros inmediatos. Salvador Rizuli, director del Registro de la Propiedad de la Provincia, y Alfredo Sahd, director de Nuevo Diario respondieron rápidamente a todas las preguntas del juzgado.

El último movimiento de la investigación que se asienta en el expediente es del 30 de abril de 1975.

Los crímenes en su contexto

Policía y Justicia ignoraron, en primer lugar, las amenazas previas y los atentados posteriores que recibieron un grupo de trabajadores de Nuevo Diario, donde Marta Zamaro era delegada de la Comisión Interna. Ignoraron también la “retirada” que se produjo en el matutino. Ignoraron la sigla “CAL”.

Ignoraron la actuación de Zamaro y Urquía como defensoras de presos políticos y su militancia sindical y barrial.

Ignoraron además la pertenencia de las dos mujeres al PRT y la escalada de violencia que se vivía en el país y en la ciudad, en respuesta, por parte del Ejército Revolucionario del Pueblo, a la Masacre de la Capilla del Rosario, y la réplica que se manifestó por parte de la Triple A y sus “delegaciones”.

El 9 de agosto de 1974, integrantes del ERP iniciaron una operación para robar pertrechos de guerra en el Regimiento 17 de Infantería Aerotransportada de Catamarca. El plan fracasó y 16 guerrilleros fueron capturados y fusilados mientras se encontraban detenidos. La organización, ya declarada ilegal, anunció que tomaría represalias. En Santa Fe se concretaron dos de ellas.

El 10 de octubre fue ejecutado el teniente Juan Carlos Gambandé y el 7 de noviembre el mayor Néstor López. Ambas muertes fueron reivindicadas por el ERP en Estrella Roja, su órgano de prensa (números 43 y 44).

Los diarios de la época registran la llegada de “personal especializado de la Policía Federal” desde Buenos Aires y del Servicio de Información del Ejército para llevar adelante la investigación.

El despliegue tuvo sus frutos apenas dos días después del sepelio de Marta Zamaro y Nilsa Urquía: dos hombres y dos mujeres pertenecientes al ERP fueron detenidos y, se descubrieron una “cárcel del pueblo” y una imprenta clandestina, además de explosivos, armas y publicaciones de todo tipo. Se produjo un “desbande general”, según las palabras de Nuevo Diario, palpable en las viviendas abandonadas precipitadamente que se allanaron en días posteriores. Con su personal diezmado y atemorizado, en el matutino se analizaba como “ampliamente auspicioso” el hecho de que los vecinos colaboraran con las autoridades al observar movimientos sospechosos.

Los crímenes de Zamaro y Urquía fueron perdiendo presencia en los medios de comunicación. Nadie publicó la certeza que muchos de sus compañeros y amigos tuvieron desde el primer día. El secuestro, la tortura, el asesinato, los cuerpos expuestos, el modus operandi que comenzaba a repetirse, las condenas a muerte, el aviso previo, todo ello como signo de algo, como un indicio, como una advertencia. Advertencia de los que muchos tomaron nota.

Los asesinatos eran, para quienes tomaron nota de ellos, obra del Comando Anticomunista del Litoral. Eran la respuesta a la respuesta. La contestación de las fuerzas parapoliciales a quienes contestaban 16 fusilamientos con la ejecución de miembros del “ejército contrarrevolucionario”. La exhibición: Marta Zamaro y Nilsa Urquía, dos abogadas, dos trabajadoras, dos militantes políticas de superficie, con la visibilidad suficiente como para que a nadie le quedaran dudas del mensaje. Mensaje del que, a riesgo de reiteración indebida, tomaron nota varios, muchos de ellos trabajadores de prensa.

Por qué ahora

Por qué casi 37 años después reabrir la causa.

Hay una explicación absolutamente íntima de la familia. Graciela Zamaro tenía 23 años cuando debió reconocer el cuerpo mutilado de su hermana mayor. Relata hoy, como si hubiese sido un sueño, cómo su padre se tomaba la cabeza y repetía: “Díganme dónde está que la voy a buscar”. Murió un año después que su hija. Cómo su madre pasó meses en la cama. Y cómo siguieron pasando los años y cómo el miedo no cesó y cómo a doña Adelina se le retaceaban noticias que rozaran a Marta. Hay que escuchar a Graciela Zamaro hablar del paso gigante que significó contarle a doña Adelina, que hoy pisa los 94 años, que el nombre de Marta estaba en una calle de la ciudad. Hay que escuchar a Graciela diciendo que aceptar la reapertura de la causa se debe a que su madre ya no tiene amigas que le hablen de Marta.

Y agradecer haberla encontrado: “Ahí teníamos esa tranquilidad de tener el cuerpo de ella, de saber que ya no estaba más entre nosotros, pero sabíamos qué le había pasado”.

Y decir, con un dejo de culpa, que Marta también buscaría justicia si los cuerpos hubiesen sido de otros y no el propio: “pero ella no hubiese dejado pasar tanto tiempo”.

Cintia Mignone